Consecuencias del paro de transportistas

El último paro de transporte urbano que tuvo convocatoria nacional, acatado en mayor o menor medida en diversos lugares del país, trajo consigo una serie de malestares en los ciudadanos limeños, pues a diferencia de otros años por lo menos la capital quedó inmovilizada.

Aprovechando esta convocatoria a paro -en rechazo al nuevo código de tránsito, que elevará las multas desde el 21 de julio-, las pocas unidades de transportes como taxis, colectivos, vehículos de carga pesada y mototaxistas hicieron su agosto al lograr incrementar sus tarifas hasta en un 600%.

Según reportes viales, el cono norte de la ciudad y en la Carretera Central, las personas que querían movilizarse al centro de Lima tuvieron que pagar entre 10 y 15 soles, si es que antes no claudicaban en su cometido, debido a las horas de espera y al elevado número de personas que pugnaban por subir, como fuera, a todo unidad de transporte que ofrecía improvisar ruta.

Los enfrentamiento entre los transportistas y la policía no se hicieron esperar. En puntos como el kilómetro 15 de la Carretera Central, los policías hicieron frente a los manifestantes disparando bombas lacrimógenas para dispersar las protestas y evitar la obstrucción de las vías.

En otros lugares como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, la Panamericana Sur y el Cono Norte, también llegaron parte de los insuficientes 4,500 efectivos que fueron desplegados para garantizar el libre tránsito. También hubieron disturbios donde los autos particulares y los vehículos que no quisieron acatar el paro fueron intersectados por los manifestantes. Según la Procuraduría, son 138 los detenidos que serán denunciados por ocasionar disturbios y obstruir el libre tránsito. Entre ellos, figura José Francisco Araque Córdoba, un ciudadano venezolano radicado en Lima desde hace más de cinco años y que se desempeña como taxista, que fue detenido en Villa El Salvador azuzando a los transportistas y colocando piedras y tachuelas en las calles.

Sobre este tema, la Embajada de Venezuela, a través de su encargado de negocios, Peter Villegas, expresó que este país no se inmiscuye en asuntos internos de ningún país vecino y deslindó cualquier relación con los hechos que pudo cometer el ciudadano de su país.